La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó el 24 de enero, por mayoría en primera discusión, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. La iniciativa fue presentada por Diosdado Cabello, y tiene por objetivo revisar y dar seguimiento a las ONGs que reciben financiamiento.
El proyecto consta de 17 artículos y dos disposiciones transitorias. En la exposición de motivos se menciona un «abuso a la libertad de asociación» y la «influencia» de Estados Unidos y otros países en las organizaciones no gubernamentales, a través de una dependencia de ayudas económicas.
Además, consta de multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas. También prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado. Leer más.
Tras darse a conocer la propuesta por parte de la AN de aprobar una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las ONGs, dirigentes políticos y sindicales de la región expresaron su rechazo a esta iniciativa, alegando que busca el control de estos entes independientes.
Asimismo, el Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechazó mediante un comunicado el Proyecto planteado por el gobierno. Asegura que el proyecto configura «la mayor amenaza registrada» en Venezuela contra la existencia de las ONGs.
Además, resaltó que el proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional. Además destacó que la formulación de este proyecto constituye una política de Nicolás Maduro de restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONGs y de las personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios.
Suscriben al comunicado realizado por el Foro por la Vida: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDH-UCV), Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Comisión de Justicia y Paz de Caritas los Teques, Comisión Justicia, Paz y Defensa de la Vida (CONVER), Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, Espacio Público, Fundación Centro Gumilla, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas. Léelo completo.
Igualmente, otra forma de demostrar el rechazo fue la Carta abierta de organizaciones de derechos humanos venezolanas al señor Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a propósito de su visita al país, con el objetivo de lograr una unión que permita hacer frente a la Nueva Ley. Leer más.
El Consorcio Spes se declara en consonancia con las ONGs y comunicados compartidos en esta noticia.